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domingo, 15 de mayo de 2011

Al Pie de la Escalera

Rosana es una joven muy carismática, que atiende a sus niños con enorme entusiasmo. Ella no es maestra jardinera pero se esfuerza mucho en cuidarlos bien, hacerlos jugar, darles su refrigerio y enseñarles algunas cositas sencillas. Los recibe cada día en un ambiente modesto prestado por la comunidad, acondicionado lo mejor posible con mueblecitos desgastados que le obsequiaron los vecinos, juguetitos usados y algunos materiales de cartón. Antes de Rosana, los niños del barrio no tenían ni eso. Claro, si Rosana hiciera esto de motu propio y a cambio de nada, sería muy meritorio. Pero Rosana forma parte de un programa oficial que reúne 14 mil establecimientos, recibe un estipendio del Estado y sus 15 alumnitos son contabilizados en la estadística de niños atendidos por el sistema público. En ese caso, lo siento mucho, ya no se puede juzgar el hecho desde la perspectiva del mérito sino del derecho. Los servicios públicos son una obligación del Estado, no una generosidad del gobernante que las familias deban aceptar agradecidas, así no tengan calidad.

Es cierto, concuerdo en que la calidad tiene grados. Pero en el primer peldaño de calidad educativa, hay varias cuestiones esenciales que deberían ser no negociables: que existan establecimientos suficientes en cada distrito, funcionando en locales adecuados, limpios y en buen estado, que dispongan de luz, agua y desagüe, de los muebles, implementos y materiales necesarios para cumplir su función, que estén a cargo de personal seleccionado cuidadosamente, bien preparado y en número suficiente, que hable el idioma de los niños, que den cabida a las familias y que sean supervisados regularmente. Es lo menos que podríamos pedir: oportunidades educativas serias y dignas para todos.

En el segundo peldaño podríamos colocar otros servicios importantes, que agregan valor a la función educativa: nutricionales, de salud, asistencial y preventiva, psicológicos, clínicos y educacionales, de consejería a los padres o de asistencia social. Claro, se esperaría que cada uno de estos servicios, en la medida que puedan irse ofreciendo, estén a cargo de personal especializado, competente y respetuoso, con todas las herramientas necesarias para cumplir bien su misión; y que sean igualmente objeto de supervisión y evaluación continua.

En el tercer peldaño se podría hablar de los medios y procedimientos. Es decir, de la disponibilidad de materiales educativos bien seleccionados, que ayuden a la exploración y desarrollo de las capacidades intelectuales, sociales, afectivos, motrices, espaciales, comunicacionales y expresivas de los niños, así como de un repertorio vasto y actualizado de metodologías, pertinentes a sus edades y a la naturaleza de los aprendizajes demandados por el currículo. Por cierto, esto requiere especializar al personal en su uso pedagógico.

En el cuarto peldaño podría ir el diseño y la organización espacial del establecimiento, la forma, dimensión y disposición de lugares y ambientes, funcionales al despliegue de las distintas capacidades infantiles, desde enfoques más bien vanguardistas del desarrollo y la pedagogía. Aquí se abren muchas posibilidades, dependiendo del enfoque que se adopte.

En el quinto peldaño se podría introducir la polidocencia, complementando la labor de la maestra con profesoras especializadas en psicomotricidad, música, cómputo y, de ser necesario, en la iniciación a una segunda lengua. En todos los casos, por supuesto, con el equipamiento debido para que estos profesionales puedan hacer bien su trabajo.

Está bien, estos 5 peldaños de calidad de la educación infantil pueden discutirse. Pero en lo que deberíamos estar de acuerdo es en considerar inaceptable que el Estado no asegure siquiera el primero, en todos sus aspectos esenciales. ¿O hay alguien que crea que incluso ese piso básico es mucho pedir y que exigirlo no es un derecho, sino una mezquindad o un deliro? Y no es un problema de presupuesto. En las 6 líneas proyectadas del Tren Eléctrico de Lima el Estado está invirtiendo 2,500 millones de dólares. ¿Ya calculó cuánto debe invertir en los próximos años para hacer llegar a todos los niños una educación inicial de calidad?

Educación, Oxígeno y Agua Fresca

Un reciente estudio de OXFAM revela que la mayoría de los pobres del mundo -un 75%- vive y seguirá viviendo en áreas rurales. Según cálculos del Banco Mundial, de los 3.300 millones de personas que viven en zonas rurales en países en desarrollo, 2.500 millones viven en hogares cuyas actividades se relacionan con la agricultura. Ocurre que la agricultura y los medios de vida rurales, subraya el informe, juegan un importante rol tanto en la reducción de la pobreza y las desigualdades, como en el desarrollo económico, pero también en la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente del planeta. Para Carlos Monge, investigador de DESCO, el oxigeno y el agua fresca que todavía se disfruta en el mundo rural, serán las «materias primas» más escasas y codiciadas de un futuro no muy lejano.

Desde estas certezas, Monge nos ofrece una visión de nuestro mundo rural bastante alejada de los viejos estereotipos con que se le suele mirar desde la ciudad y desde el centro del poder político. Es decir, como el escenario de atraso, egoísmo, testarudez y anacronismo que dibujan las tesis del «Perro del Hortelano» defendidas por el Presidente de la República. Monge nos recuerda, por ejemplo, que el Perú rural de hoy tiene un dinamismo de mercado bastante más intenso del que podía apreciarse hace algunas décadas y que el poblador rural es un emprendedor nato, que invierte y arriesga año tras año, trabajando esforzadamente para cosechar beneficios. Hay un alto índice de compra y venta de productos, de tierras y de mano de obra. Gracias a la expansión de las carreteras, la telefonía móvil y el internet, numerosas familias y empresas rurales comercian incluso en mercados externos.

Además, es sobre todo en las zonas rurales donde se concentra nuestra inmensa biodiversidad, la misma que ha hecho ingresar al Perú al club de los diez países más megadiversos del mundo. Esta cualidad, nos recuerda Monge, representa un enorme potencial para el turismo, la investigación y la oferta de servicios ambientales, ventaja a la que le agrega inmenso valor la historia, la cultura y los saberes tradicionales de nuestra población rural, mayoritariamente indígena. Monge subraya así mismo una característica fundamental: el surgimiento de nuevas elites regionales y locales, de origen rural en buena medida, que gracias a la descentralización están asumiendo la responsabilidad de gobernar una parte importante del territorio nacional y, por lo tanto, de administrar una porción significativa de nuestros recursos. En este escenario, la educación cobra un rol clave.

Es la educación la que puede aportarle a la población rural las capacidades necesarias para preservar y aprovechar sus ventajas y oportunidades de desarrollo, revertir efectos graves de una pobreza que afecta al 60% de los que viven en el campo, como la desnutrición y la mortalidad infantil, afrontar con éxito los desafíos del cambio climático a sus actividades productivas, negociar bien con los intereses de las grandes empresas extractivas y ejercer el buen gobierno de sus regiones. No obstante, la educación que le llega es la peor de todas.

Primero, no llega a todos: son casi 2 millones de niños que asisten a un centro educativo, pero los excluidos del sistema suman cientos de miles: 217,700 niños de 3 a 5 años, 47,100 niños de 6 a 11 años y 137,800 niños de 12 a 16 años de edad. Segundo, no se acomoda a sus posibilidades y termina expulsándolos a medio camino: termina la primaria sólo el 66% de matriculados y sólo el 39% la secundaria. Tercero, no les garantiza las condiciones más elementales: el 58% de centros educativos rurales son multigrado y el 15.7% unidocentes, es decir, no tienen el personal completo. El 60% de ellos, además, no tiene electricidad y el 64% no está conectado a una red de agua potable. Cuarto, privilegia la alfabetización lectora y matemática, como si fuese lo único que los niños y las comunidades rurales necesitan y ni eso le asegura al 92.4% de estudiantes.

Invertir en la escuela rural y elevar su calidad es un imperativo ético, pues la población rural no tiene menos derechos que el resto. Pero es también, sin lugar a dudas, una prioridad de gran importancia estratégica en la agenda del desarrollo y la gobernabilidad del país.

Vista de Jaén - Perú