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domingo, 15 de mayo de 2011

Educación, Oxígeno y Agua Fresca

Un reciente estudio de OXFAM revela que la mayoría de los pobres del mundo -un 75%- vive y seguirá viviendo en áreas rurales. Según cálculos del Banco Mundial, de los 3.300 millones de personas que viven en zonas rurales en países en desarrollo, 2.500 millones viven en hogares cuyas actividades se relacionan con la agricultura. Ocurre que la agricultura y los medios de vida rurales, subraya el informe, juegan un importante rol tanto en la reducción de la pobreza y las desigualdades, como en el desarrollo económico, pero también en la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente del planeta. Para Carlos Monge, investigador de DESCO, el oxigeno y el agua fresca que todavía se disfruta en el mundo rural, serán las «materias primas» más escasas y codiciadas de un futuro no muy lejano.

Desde estas certezas, Monge nos ofrece una visión de nuestro mundo rural bastante alejada de los viejos estereotipos con que se le suele mirar desde la ciudad y desde el centro del poder político. Es decir, como el escenario de atraso, egoísmo, testarudez y anacronismo que dibujan las tesis del «Perro del Hortelano» defendidas por el Presidente de la República. Monge nos recuerda, por ejemplo, que el Perú rural de hoy tiene un dinamismo de mercado bastante más intenso del que podía apreciarse hace algunas décadas y que el poblador rural es un emprendedor nato, que invierte y arriesga año tras año, trabajando esforzadamente para cosechar beneficios. Hay un alto índice de compra y venta de productos, de tierras y de mano de obra. Gracias a la expansión de las carreteras, la telefonía móvil y el internet, numerosas familias y empresas rurales comercian incluso en mercados externos.

Además, es sobre todo en las zonas rurales donde se concentra nuestra inmensa biodiversidad, la misma que ha hecho ingresar al Perú al club de los diez países más megadiversos del mundo. Esta cualidad, nos recuerda Monge, representa un enorme potencial para el turismo, la investigación y la oferta de servicios ambientales, ventaja a la que le agrega inmenso valor la historia, la cultura y los saberes tradicionales de nuestra población rural, mayoritariamente indígena. Monge subraya así mismo una característica fundamental: el surgimiento de nuevas elites regionales y locales, de origen rural en buena medida, que gracias a la descentralización están asumiendo la responsabilidad de gobernar una parte importante del territorio nacional y, por lo tanto, de administrar una porción significativa de nuestros recursos. En este escenario, la educación cobra un rol clave.

Es la educación la que puede aportarle a la población rural las capacidades necesarias para preservar y aprovechar sus ventajas y oportunidades de desarrollo, revertir efectos graves de una pobreza que afecta al 60% de los que viven en el campo, como la desnutrición y la mortalidad infantil, afrontar con éxito los desafíos del cambio climático a sus actividades productivas, negociar bien con los intereses de las grandes empresas extractivas y ejercer el buen gobierno de sus regiones. No obstante, la educación que le llega es la peor de todas.

Primero, no llega a todos: son casi 2 millones de niños que asisten a un centro educativo, pero los excluidos del sistema suman cientos de miles: 217,700 niños de 3 a 5 años, 47,100 niños de 6 a 11 años y 137,800 niños de 12 a 16 años de edad. Segundo, no se acomoda a sus posibilidades y termina expulsándolos a medio camino: termina la primaria sólo el 66% de matriculados y sólo el 39% la secundaria. Tercero, no les garantiza las condiciones más elementales: el 58% de centros educativos rurales son multigrado y el 15.7% unidocentes, es decir, no tienen el personal completo. El 60% de ellos, además, no tiene electricidad y el 64% no está conectado a una red de agua potable. Cuarto, privilegia la alfabetización lectora y matemática, como si fuese lo único que los niños y las comunidades rurales necesitan y ni eso le asegura al 92.4% de estudiantes.

Invertir en la escuela rural y elevar su calidad es un imperativo ético, pues la población rural no tiene menos derechos que el resto. Pero es también, sin lugar a dudas, una prioridad de gran importancia estratégica en la agenda del desarrollo y la gobernabilidad del país.

Vista de Jaén - Perú