
Adam Smith acuñó en 1776 la teoría de la mano invisible del mercado, en su famosa obra «La riqueza de las naciones». Ella aludía a la presencia implícita de las leyes del mercado en la vida social, propiciando de manera natural que tanto los recursos disponibles como el producto de la actividad económica se asignasen con eficiencia y equidad a todas las personas. Así, la mano invisible del mercado se encargaría de compensar las diferencias y regular la organización social sin necesidad del Estado. Lamentablemente, la vida no le dio la razón a Smith. En el mundo real, el mercado siempre tendió a retribuirnos mejor no en función a nuestra mayor necesidad o talento, sino a nuestra capacidad para producir lo que otros estarían dispuestos a pagar muy bien.
Dos siglos después, me pregunto si no cabría acuñar también la teoría de la mano invisible de la educación. Podría servirnos, por ejemplo, para certificar detrás de la manera como las personas eligen relacionarse entre sí o percibirse a sí mismas y a las demás, no la mayor o menor cantidad de educación recibida sino su calidad. Se supone que la educación debería dotarnos de una de las capacidades humanas más elementales, que se volvió característica del homo sapiens desde que nuestros antepasados primates se volvieron animales sociales y empezaron a vivir en comunidad: la de descubrir al otro, validar su existencia y sus necesidades e incluirlo en nuestras decisiones.
Pero si ni siquiera la educación de excelencia reservada a las elites ha logrado tener éxito en ese propósito básico, produciendo en el mejor de los casos seres ilustrados capaces de obtener un buen empleo y respetables ingresos, pero sin solidaridad ni interés por el destino de los demás, esta teoría estaría destinada a correr la misma suerte de la teoría de Adam Smith: si el mercado no pudo generar equidad por sí mismo, la educación tampoco pudo generar identidad nacional ni inclusión social.
Destacados politólogos se ha pronunciado recientemente en contra del retorno del fujimorismo al poder, argumentando que «liquidó la democracia en el Perú e impuso un régimen autoritario que cometió crímenes de lesa humanidad como política organizada desde la cúspide del poder, y que hizo de la exclusión, el clientelismo, el abuso y la corrupción sus mecanismos principales de gobierno». Notables historiadores también se pronunciaron con un argumento similar, señalando que «el fujimorismo fue el responsable de la destrucción de la institucionalidad democrática y la formación de la mayor red de corrupción de nuestra historia». Antes lo había hecho ya un grupo de escritores peruanos, enfatizando «el valor de la libertad, el rechazo a la criminalidad y a la violencia de estado, la defensa del orden legal y el respeto a los derechos humanos». Un grupo de psicólogos lo acaba de hacer también, afirmando que las prácticas de esta organización «alimentaron y reforzaron la idea de que en el Perú, el autoritarismo, la corrupción y el asesinato se justifican y pueden quedar impunes».
Lo curioso es que todos estos argumentos parten de una premisa: el otro importa. Pero ¿Cuánto le quita el sueño a una clase social favorecida por la bonanza económica, educada en el individualismo y con una noción de patria que abarca la comida, la música y la bandera nacional pero no a la gente de los demás grupos sociales, el que sus derechos no se respeten o se roben los recursos públicos que deberían garantizarles salud y buena educación, si a cambio se mantienen sus privilegios? No lo dicen en público, pero sí lo admiten en privado y ahora en las redes sociales: en la vida real, el autoritarismo, la corrupción y hasta el asesinato son el costo social inevitable del crecimiento y el progreso. Lo demás, es decir, la democracia, la honestidad y los derechos, todo lo que tenga que ver con el bienestar del otro, son ingenuidades de juventud. Mafalda sin duda tenía razón y es por eso que al país hay que empezar a cambiarlo ahora.
Por: Luis Guerrero Ortiz
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