
En estos años, sin embargo, se ha invertido mucho en modernizar y equipar un puñado de Grandes Unidades Escolares, creándose además un colegio de elite con los máximos atributos y proyectándose crear entidades similares en cada capital de región. Esto quiere decir que, en este esquema, acceder a una educación pública de calidad deja de ser un derecho para convertirse en un mérito, pues sólo los mejores accederán a una vacante en los únicos centros educativos estatales con todas las condiciones para aprender bien. Mientras tanto, según la propia estadística oficial, la distancia entre la calidad de los aprendizajes logrados en las escuelas rurales respecto de las urbanas se viene haciendo cada vez más grande.
El Proyecto Educativo Nacional enfatizó la necesidad de garantizar a los niños pequeños un buen inicio en la vida, no sólo por ser un derecho indiscutible, sino también porque ayudaría a convertir los primeros años de su escolaridad en una experiencia de éxito, con un impacto positivo en su rendimiento posterior. Para eso se planteó universalizar la educación inicial y dotarla de la calidad necesaria, ofrecer apoyo nutricional a los alumnos de estos grados, asignar a los mejores docentes a esta etapa bisagra entre inicial y primaria y especializarlos en ella, crear mecanismos de apoyo a los niños con dificultades, entre otras medidas.
Nada de esto se ha hecho. Las evaluaciones censales de estudiantes de 2° grado y otras medidas de carácter general han logrado mover algunos puntos hacia arriba el promedio nacional de rendimiento escolar en lectura, pero a un ritmo que requeriría 52 años más para llegar al 100% de logro satisfactorio, como se señaló en el reciente CADE de la educación, y a costa de dejar atrás a la niñez rural. Entretanto, seguimos siendo un país habituado a convivir con cerca de 800 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica, cuyo ritmo de decrecimiento en mérito a diversos programas estatales es de 1% anual.
La lista de desaires a las políticas de largo plazo que la propia ley encargó diseñar y que se aprobaron con gran despliegue de prensa, para después ignorarse y hacer lo que todo gobierno ha hecho en educación a lo largo de la república: empezar de cero, es más larga. Las autoridades del sector, a pocas semanas del adiós, hablan ahora de concertación y continuidad.
En verdad, la concertación que el nuevo gobierno debe promover es la que haga posible, al fin, la ejecución del Proyecto Educativo Nacional. Esto supone el inicio no de un proceso de «mejoras realistas» sino de cambio a gran escala de un sistema anacrónico, autocentrado y excluyente, que supondrá rupturas y discontinuidades, afectará intereses, generará conflictos y resistencias. No obstante, gestionado con sensatez, de manera concertada y descentralizada, convertirá la educación en un verdadero factor de desarrollo y no en el lastre que es ahora.
Por: Luis Guerrero Ortiz
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